Crecen los casos registrados de vulneración de derechos en salud mental en Cataluña
Resumen
Salut Mental Catalunya y la Federació Veus han consolidado una línea de trabajo centrada en la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, tomando como referencia la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Durante estos años, las dos entidades han organizado jornadas, seminarios y han elaborado documentos para avanzar en la promoción y protección de estos derechos.
Recientemente, han abordado el reto de recoger y documentar las vulneraciones de derechos en todo Cataluña. Este trabajo permite no solo hacer seguimiento y acompañamiento a las personas afectadas, sino también incidir para garantizar el respecto a sus derechos por parte de las instituciones, empresas, administración pública, profesionales de la salud y de la enseñanza y de la sociedad en general. A partir de esta información, se pretenden diseñar líneas de actuación concretas para mejorar la aplicación de la CDPD en el ámbito de la salud mental.
Las vulneraciones de derechos en salud mental
Informe Derechos y Salud Mental 2023
El informe Drets i Salut Mental 2023 recoge que en 2023 se registraron un total de 409 casos de vulneración de derechos en Cataluña, con un aumento del 33% respecto al año anterior. La ciudad de Barcelona concentró 151 de estos casos (36,92%), y la provincia de Barcelona en general aglutinó el 67,24% de las denuncias. Esta concentración territorial se relaciona con la mayor densidad de población y la presencia de más servicios.
El perfil de las personas denunciantes muestra que la mayoría son personas con diagnóstico de salud mental (243 casos, 59,41%), seguidas por familiares y entornos de cuidados (150 casos, 36,67%). Solo un 4% de las denuncias provienen de profesionales. En cuanto al género, las mujeres representaron 6 de cada 10 denuncias.
En cuanto a las víctimas, el 61% son mujeres, principalmente cisgénero y de edades comprendidas entre 40 y 64 años (45,23%) y de 25 a 39 años (21,76%). Hay una clara infradenúncia en persona menores de 14 años y mayores de 65.
Las vulneraciones se producen sobre todo en centros hospitalarios (42,3%), y la administración pública se posiciona como el principal agente discriminador (63,81%), seguida de particulares (23,47%) y entidades privadas (11%).
Los principales ejes de discriminación detectados son la salud mental (48,5%), la situación socioeconómica (21,18%), el género (9,9%), la diversidad funcional (6,39%) y la edad (5,26%). También se identificaron 41 casos de violencia institucional. El mecanismo discriminatorio más frecuente es el trato diferenciado (77,26%), seguido de la agresión física (14,18%) y la verbal (7,33%).
En 2023 se registraron un total de 409 casos de vulneración de derechos en Cataluña, con un aumento del 33% respecto al año anterior. El 61% de las víctimas son mujeres.
En cuanto a los derechos vulnerados, destaca el derecho a un servicio público de calidad (22,8%), el derecho a la salud (16,98%), la integridad moral (14,73%), la integridad física (11,91%) y el derecho a la vivienda (6,94%).
Finalmente, hay que subrayar que un 31% de los casos acompañados se consideran de alta complejidad, puesto que combinan problemas de salud mental con exclusión social, alta medicación u otras patologías. Estas situaciones reflejan la necesidad de un abordaje interseccional y de políticas públicas que aborden los determinantes sociales de la salud mental.
Perspectiva interseccional
El informe destaca que, a pesar de los adelantos normativos y la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en Cataluña persisten múltiples vulneraciones de derechos humanos que afectan especialmente a las personas con problemas de salud mental. Se pone énfasis en la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional, entendiendo que la salud mental se cruza con otros ejes de opresión — como el género, la clase social, la edad, la diversidad funcional, el racismo y la LGTBI-fobia.
Las mujeres con experiencias de psiquiatrització sufren una doble discriminación por razón de género y diagnóstico. El año 2023 se acompañaron 79 casos con discriminación de género (un aumento del 38%), en los que el 86% implicaban situaciones de violencia física o verbal. Estas situaciones generan aislamiento, pérdida de confianza y un impacto profundo en la salud mental.
Hay que incorporar una perspectiva interseccional, puesto que la salud mental se cruza con otros ejes de opresión, como el género, la clase social, la edad, la diversidad funcional, el racismo y la LGTBI-fobia.
En cuanto al colectivo LGTBIQ+, se acompañaron cuatro casos de vulneración, que evidencian el impacto de la violencia y las dificultades de acceso a servicios adecuados. En el ámbito del racismo y la xenofobia, se documentaron 18 casos, la mayoría vinculados a violencia estructural, dificultades de acceso a servicios y discriminación por situación administrativa irregular.
El peso de los determinantes sociales en el derecho a la salud
La aporofobia (discriminación por pobreza) y la discriminación por clase social estuvo presente en 169 casos, un aumento del 60% respecto a 2022, con 10 casos específicos de discriminación por situación sin hogar. También se registraron 42 casos de edadismo, que afectan tanto a niños y jóvenes como a personas mayores, y 57 casos de capacitismo, a menudo vinculados a barreras de accesibilidad y estigma en salud mental.
El informe alerta también de graves vulneraciones en educación, trabajo y vivienda:
- 3 casos de vulneración del derecho a la educación (expulsiones y falta de adaptaciones).
- 41 casos de acoso y discriminación laboral.
- 74 casos de vulneración del derecho a la vivienda.
Las vulneraciones se producen sobre todo en centros hospitalarios (42,3%), y la administración pública se posiciona como el principal agente discriminador (63,81%), seguida de particulares (23,47%) y entidades privadas (11%).
Derecho a la salud y a la participación
A todo esto se añade la situación crítica del derecho a la salud. Más del 39% de las vulneraciones detectadas en 2023 están relacionadas con el acceso a un servicio público de calidad. El sistema de salud mental está saturado, con largos tiempos de espera, atención insuficiente, falta de continuidad y escasez de profesionales, especialmente en las zonas rurales. Esta precariedad vulnera los derechos de las personas atendidas y sus familias, agravia el malestar emocional e impide la recuperación. Especialmente grave es el impacto en niños y jóvenes, con un aumento del 135% en conductas suicidas desde el 2020, principalmente entre chicas. El incumplimiento de la cartera de servicios para familias con trastorno mental grave deja también muchas familias desatendidas.
Finalmente, el informe pone en valor el impacto de la Ley 8/2021, que reforma el sistema de capacidad jurídica y permite a las personas decidir sus apoyos. Aun así, se detectan barreras de acceso y falta de participación real en los procesos judiciales.
Además, se denuncia la persistencia de la violencia institucional en el ámbito de la salud mental: se documentaron 41 casos de vulneraciones asociadas a ingresos involuntarios, contenciones mecánicas y medicación forzada. Estas prácticas vulneran la libertad y la seguridad de las personas y contradicen los principios de la CDPD. A persar de algunos proyectos innovadores que apuestan por reducir la coerción (como Safewards, Contención Cero o Puertas Abiertas), la realidad evidencia un sistema alejado de un modelo basado en los derechos humanos.
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